ARGENTINA ENTRE 1958 Y 1966
REVOLUCION LIBERTADORA Y DESARROLLISMO
La revolución Libertadora
En septiembre en 1955 hubo un golpe militar que derrocó a Juan D. Perón, quien renuncio y se exilió en el Paraguay.
El general Eduardo Lonardi, que asumió la presidencia, representaba a un sector de la coalición golpista que quería mantener los vínculos entre el Estado y los síndicos y evitar los sentimientos de revancha, como podés leer en la frase de su discurso. En general, consideraba que muchos de los beneficios otorgados por el gobernó peronista a los trabajadores (las vacaciones pagas o el aguinaldo, por ejemplo) podían conservarse. Para él, Perón era el único culpable de la crisis que había desencadenado el golpe.
A este grupo se oponía otro que tenía una posición más duramente antiperonista. Para los integrantes de este grupo no alcanzaba con la partida de Perón, también debían ser desplazados quienes habían participado de su régimen y de sus reformas. Incluso planteaban la necesidad de borrar al peronismo de la vida política.
En noviembre de 1955, este segundo logró reemplazar a Lonardi por el general Pedro Eugenio Aramburu. Bajo su gobierno se intervino la CGT, se proscribió al Partido Justicialista y llegaron a prohibirse la mención pública de nos nombres de Juan y Eva Perón y la exhibición de los símbolos partidiarios.
Los militares supusieron que esta política haría que los peronistas cambiaran rápidamente sus ideas. Sin embargo, se equivocaron y crearon una profunda división en la sociedad argentina.
El congreso constituyente de 1957
En 1957 se realizaron elecciones para un Congreso Constituyente, con el propósito de reafirmar la anulación de la Constitución peronista de 1949, decretada por el gobierno, y la adopción de otra o el retorno de la de 1853, eventualmente modificada. El Partido peronista, bajo cualquier nuevo nombre que éste adoptara, quedó excluido. Las elecciones para este congreso constituyente también servirían como termómetro de la opinión pública, ya que el gobierno quería probar si la sociedad había reflexionado y recapacitado sobre ese transitorio fenómeno que había personificado Perón, para lo que había existido una persistente campaña antiperonista.
Cuando el gobierno anunció el llamado a elecciones, se abrió el camino de acción de diferentes agrupaciones políticas. En la convención partidaria del radicalismo (celebrada en noviembre de 1956) esta agrupación se separaría en dos: La Unión Cívica Radical del Pueblo (U.C.R.P) liderada por Ricardo Balbin que seguía el lineamiento del gobierno de facto (antiperonista) y la Unión cívica radical Intransigente (UCRI) encabezada por Arturo Frondizi que favorecía un cierto entendimiento con Perón.
Desde el exilio, Perón dio la orden de votar en blanco para el Congreso constituyente, pero gran parte de sus simpatizantes se lo dieron a Frondizi y su UCRI ya que eran visto como la oposición al régimen militar. Aun así, el mayor bloque de votos resulto sr el de los sufragios en blanco, seguido de cerca por la UCRP (de Balbín) y luego la UCRI de Frondizi, éste se había quedado con una minoría del electorado radical, pero estaba ya incorporando las preferencias del peronismo.
Una vez constituidas la Asamblea, los delegados de la UCRI, se retiraron y el resto legitimó el decreto de Gobierno que anulaba la Constitución del ´49 y se volvía a la de 1853 adicionándole el artículo 14 bis que mantiene los derechos sociales.
EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL
En julio de 1944, cuando el triunfo de los aliados en la segunda guerra mundial estaba ya asegurado, se realizó una conferencia internacional en Bretón Woods (Estados Unidos). El propósito era adoptar medidas que permitiesen ordenar la economía mundial para los años posguerra. Allí se decide crear el Fondo Monetario Internacional (F.M.I.) y el Banco de Reconstrucción y Fomento conocido luego como Banco Mundial.
La base financiera del Fondo Monetario Internacional se constituye con las cuotas aportadas por cada país, establecidas en función del desarrollo económico de cada uno de los miembros. El 25% se aporta en oro y el 75% en moneda de cada país. La participación en el organismo otorga el derecho a solicitar préstamos en moneda extranjera para solventar los eventuales déficit de balanzas de pagos, en las condiciones y plazos que fija la institución. Cuando el crédito solicitado no exceda del 25% aportado, el otorgamiento es automático, pero cuando lo exceda, “El fondo podrá supeditar la concesión del préstamo a la adopción por parte del Gobierno demandante de una serie de medidas económicas”.
El gobierno de Aramburu decidió que en 1957 la Argentina ingresara al Fondo Monetario Internacional, con el propósito de lograr una apertura y modernización del país teniendo en cuenta, como algo fundamental, la participación del capital extranjero.
Las medidas económicas impuestas por el FMI son que el Estado debe:
· Reducir el déficit fiscal, disminuyendo la financiación a las provincias y a las empresas estatales y aumentando la presión impositiva.
· Disminuir la protección arancelaria e industrial
· Levantar los controles de precios.
· Ajustar los salarios de los empleados estatales.
· Fomentar las inversiones con capital extranjero, con desaliento directo de las pequeñas y medianas empresas
· Fomento del endeudamiento externo público y privado.
EL GOBIERNO DE FRONDIZI (1958-1962)
El proyecto desarrollista
Hacia 1957, el Gobierno militar percibió que su proyecto de desperonizar había fracasado. Las acciones de la resistencia continuaban, y resultaba evidente que las bases obreras mantenían su adhesión al peronismo. En las elecciones realizadas ese mismo año para elegir constituyentes y reformar la Constitución nacional, el peronismo fue proscripto, y los votos en blanco resultaron mayoritarios.
De todos modos, el Gobierno militar decidió convocar a elecciones generales para 1958. El permanente discurso de los militares y sus aliados civiles, sobre sus intenciones democráticas dejó poco margen al Gobierno para permanecer en el poder por mucho tiempo más.
En febrero de 1958, la campaña electoral se polarizo entre los candidatos de las dos fracciones del radicalismo, que se había dividido poco tiempo antes en dos partidos: la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP), liderada por Ricardo Balbin – que agrupaba a los sectores más antiperonistas que apoyaron con decisión al Gobierno de Aramburu-, y la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), que se fue distanciando de la revolución libertadora y, bajo el liderazgo de Arturo Frondizi, intentó acercamiento con el peronismo.
Para asegurarse el triunfo electoral. Frondizi estableció un acuerdo con Perón, que vivía en el exilio: a cambio de que este ordenara desde el exterior que los peronista votaron a la UCRI, Frondizi se comprometía, una vez en el Gobierno, a normalizar la actividad de la CGT, la CGE y los sindicatos, a permitir la participación de candidatos peronistas en las elecciones provinciales y a desarrollar una política económica que favorecía la industria nacional y mejorara el nivel de vida de los trabajadores. Finalmente, Frondizi obtuvo el 49% de los sufragios, Balbín el 29%, y los votos en blanco alcanzaron el 8,5%.
Las primeras decisiones del presidente Frondizi fueron decretar un aumento de salarios del 60% e impulsar una ley de amnistía para que los peronistas pudieran legalizar sus organizaciones. En el plano económico, Frondizi se propuso aplicar una política desarrollista. Las bases de la propuesta desarrollista eran impulsar el desarrollo de la industria pesada – metalurgia, siderurgia y petroquímica- con el aporte de inversiones de capital y tecnología extranjeros. También proponía modernizar la producción agropecuaria a partir de la mecanización de las tareas rurales, con el objetivo de aumentar las exportaciones; este aumento, a su vez, estimularía la compra de las nuevas máquinas y herramientas fabricadas en el país.
La aplicación de la propuesta desarrollista originó un importante incremento de las inversiones extranjeras y un notable aumento en las producciones de acero y automóviles. Sin embargo, el gobierno no pudo evitar un proceso de fuerte inflación y serias dificultades en la balanza de pagos. Para resolver estos problemas, Frondizi convocó como ministro de Economía a Álvaro Alsogaray - representante del liberalismo económico más ortodoxo - y avaló la aplicación de un Plan de Estabilización. Los elementos centrales de este plan era congelamiento de salarios y la eliminación de la intervención del Estado en algunas áreas de la economía.
Pero la Inflación no se detuvo, y estas medidas provocaron el empobrecimiento de los asalariados, una creciente desocupación y la progresiva concentración de la riqueza en manos de grupos de capitalistas nacionales y extranjeros.
Las presiones militares
Los problemas económicos, los conflictos con los sectores trabajadores y las polémicas que suscitaron el tema del petróleo y otras medidas gubernamentales – como, por ejemplo, las derivadas de la decisión de permitir a las universidades privadas expedir títulos habilitantes – generaron un clima social de malestar e incertidumbre
La aplicación del plan de estabilización y el ajuste económico provocaron la ruptura de los acuerdos que el peronismo había, establecido con Frondizi. El año 1959 fue uno de los momentos de mayor conflicto social. Los sindicatos combativos realizaron numerosas huelgas y reiniciaron otras medidas de protesta – como la ocupación de fábricas que habían suspendido a partir del pacto entre Frondizi y Perón.
Frente al aumento del conflicto social, la respuesta del Gobierno fue la represión. Con ese fin, estableció el Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado), que permitía declarar zonas militarizadas a los principales distritos industriales, como La Plata y sus alrededores, y autorizaba allanamientos de sedes sindicales y detenciones de militantes y dirigentes gremiales opositores. Muchos gremios fueron intervenidos y otros tantos protagonizaron extensas huelgas. Los bancarios, por ejemplo, paralizaron sus tareas en señal de protesta por el despido de miles de trabajadores durante dos meses.
Aunque la política desarrollista favoreció a los sectores capitalistas más poderosos y el Gobierno recurrió a la represión para frenar los reclamos de los sindicatos. Frondizi recibió fuertes presiones por parte de las Fuerzas Armadas. Los militares cuestionaban al Presidente su política exterior que se oponía a los lineamientos dados por los Estados Unidos.
La crisis se agudizo en 1962, cuando Frondizi autorizó la presentación de candidatos peronistas en las elecciones a gobernadores y el peronista Andrés Framini ganó en la provincia de Buenos Aires. Los jefes militares hicieron un planteo a Frondizi, y el Gobierno anuló las elecciones e intervino las otras provincias en las que habían ganado los candidatos peronistas. Pero los planteos militares continuaron y finalmente forzaron a Frondizi a presentar su renuncia. El Gobierno nacional quedó entonces a cargo del presidente provisional del Senado, José Guido, Aunque Guido intentó presentarse como el continuador del orden constitucional, en los hechos, todas sus decisiones estuvieron bajo la tutela y el control de los sectores más antiperonistas de las Fuerzas Armadas.
El Gobierno de Illia (1963 – 1966)
En un contexto de aguda crisis económica y confusión política, agravada por el enfrentamiento entre dos sectores de militares – los llamados azules y los colorados -, el Gobierno convocó a elecciones generales en las que el peronismo continuó proscripto. Estas se realizaron el 7 de Julio de 1963, y la Unión Cívica Radical del Pueblo obtuvo la mayor cantidad de votos: el 25% del electorado eligió la fórmula Illia-Perette. La UCRI obtuvo el segundo lugar, con el 16%, y el porcentaje de votos en blanco alcanzó más del 19% se constituyó en realidad, en la segunda fuerza. Aun cuando una gran pate de la sociedad argentina vivió la asunción de Arturo U. Illia como la vuelta a la legalidad institucional, casi el 20% de votos en blanco significaba que el Gobierno iniciaba su gestión con una grave falta de representatividad de los intereses de importantes sectores de la población. Esta debilidad inicial atentó contra la estabilidad del Gobierno radical.
En su mensaje de asunción, Illia manifestó su propósito de impulsar el crecimiento económico y establecer una más justa distribución de la riqueza. También expresó su decisión de eliminar la desocupación, defender la moneda nacional y los salarios de los trabajadores, y sancionar un Código de Trabajo y Seguridad Social.
A poco de asumir, el Gobierno declaró nulos los contratos petroleros en empresas extranjeras firmados por Frondizi. Esta medida provocó el malestar en los sectores capitalistas de mayor poder económico y, desde entonces, fueron cada vez más frecuentes los enfrentamientos entre el Gobierno y los organismos financieros internacionales – el FMI y el Banco mundial -. Por otra parte, la fuerte alza de los precios, la existencia de 750.000 desocupados y la liquidación de industrias, llevaron a la CGT a adoptar medidas de lucha.
A pesar de que el Gobierno de Illia no contaba con un plan económico claramente definido, el Estado profundizó su intervención en la regulación de la economía. Esta orientación fue duramente criticada por los sectores de empresarios más poderosos, quienes reclamaban la absoluta libertar de los mercados. Los grandes empresarios consideraban a intervención del Estado como una amenaza para sus intereses y, por este motivo, comenzaron a disminuir sus inversiones productivas. Esta decisión provoco un aumento de la desocupación en el sector industrial y agudizó aún más las tensiones sociales. En enero de 1964, la CGT aprobó un Plan de Lucha que alcanzó su punto más alto en el mes de mayo, cuando se registraron más de 11000 establecimientos fabriles tomados pacíficamente por los trabajadores para defender sus derechos.
Frente a la ausencia de acciones contundentes por parte del Gobierno, en amplios sectores de la sociedad, se fue instalando la idea de que había un vacío de poder. A principios de 1966, los datos indicaban niveles récord en las exportaciones de trigo y en la producción de acero, el aumento del producto bruto interno y una mejora en la balanza de pagos. Sin embargo, una gran parte de la sociedad tenía la percepción de que la economía funcionaba mal. Se multiplicaban las huelgas y los sabotajes, y comenzaron a generalizarse rumores sobre conspiraciones militares para derrocar al Gobierno. La sanción de la Ley de Medicamentos, que establecía preferencias para los laboratorios farmacéuticos de capital argentino frente a los extranjeros, llevó a estos últimos a participar activamente en el derrocamiento del Gobierno.
Finalmente, el 28 de junio de 1966, un golpe militar encabezado por los comandantes en jefe de las tres Fuerzas derrocó al Gobierno del presidente Illia, dispuso la disolución del Congreso Nacional, de las legislaturas provinciales y de los partidos, y separó a los jueces de la corte Suprema de Justicia de sus cargos.
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