LAS PRESIDENCIAS RADICALES

 

En las elecciones de 1910 se impuso la fórmula Roque Sáenz Peña-Victorino de la Plaza. Este sector de la elite que llegaba al gobierno había entendido que debía cambiar algo para no perderlo  todo. Sus representantes confiaban en que ellas ganarían las elecciones y que el radicalismo y el socialismo sólo lograrían  en el Congreso una minoría opositora que no llegaría a  afectar el control del poder. El radicalismo no se proponía modificar el esquema socioeconómico ni la relación con Inglaterra, por lo cual no aparecía afectar el control del poder. El radicalismo no se proponía modificar el esquema socioeconómico ni la relación con Inglaterra, por lo cual no aparecía como peligroso para los beneficiaros de la agroexpotación. Sus objetivos eran transparentar la política y lograr una distribución de los  ingresos más favorable a las nuevas capas medias que constituían su base social. El gobierno considera necesario aplacar la creciente agitación social abriendo una válvula de escape a la “olla a presión” en que se había transformándola sociedad argentina. En consecuencia, durante la presidencia de Roque Sáenz Peña se sancionó la Ley General de Elecciones (N° 8871), conocida popularmente como Ley Sáenz Peña.

 

Esta ley, al garantizar el voto secreto, individual y obligatorio para todos los ciudadanos varones de la Argentina, democratizó la vida política: su aplicación permitió que fuera la voluntad de las mayorías la que decidiese que gobierno conduciría el país. Otra fuerza política moderna surgió en la provincia de Santa Fe en 1914: el Partido Demócrata Progresista, fundado por Lisandro de la Torre.

 

En 1916 se realizaron las primeras elecciones nacionales según la Ley Sáenz Peña, en las que triunfó la fórmula Hipólito Yrigoyen-Pelagio Luna. Con la Ley Sáenz Peña de 1912,y luego con la llegada de los radicales al gobierno del Estado, la democracia, entendida como participación de la ciudadanía en las elecciones de sus representantes, así como en las decisiones que el gobierno adopta, fue ampliándose al permitir que interviniesen en la vida política sectores sociales excluidos en la etapa anterior (1880-1916). Este proceso de inclusión político constituyó la ampliación de la democracia.

 

 

 

GOBIERNO Y PODER: LOS LÍMITES DEL REFORMISMO RADICAL

 

En 1916. A veinticinco años de su creación, el radicalismo pudo llegar al gobierno por el voto popular. Habían pasado tres revoluciones, las de 1890, 1893 y 1905, y una reiterada resistencia civil y política al conservadorismo. Sin embargo, el poder de las clases dominantes tradicionales y asociadas al capital inglés representado políticamente por las corrientes conservadoras, continuaba vigente. Estaba claro que el radicalismo  había alcanzado el gobierno, es decir, el control de algunas instituciones, pero no el poder.

 

El programa político del radicalismo no pretendió cambiarlo todo. No prometieron políticas revolucionarias, sino simplemente modificar aquello que consideraban injusto. Por ello su política fue considerada reformista. Básicamente, ese reformismo propuso terminar con el fraude electoral, la inmoralidad administrativa, la insensibilidad social, y distribuir de moda equitativo la riqueza proveniente del modelo agroexportador.

 

Pese a que estaba claro que el radicalismo no llegaba al gobierno para cambiar el modelo económico, ni el orden social establecido encontró una dura resistencia en la clase dominante.

 

 

 

LA PRIMERA PRESIDENCIA DE YROGOYEN (1916-1922)

 

 

 

En 1916 se producen las primeras elecciones nacionales según la ley Sáenz Peña en las que se impone la fórmula Yrigoyen-Luna con un 45% de los votos. Yrigoyen asumió en una situación de debilidad política porque no tenía mayoría en el Congreso y muchas provincias continuaban gobernadas por la oposición conservadora, que también controlaba la Corte Suprema de Justicia y los grandes diarios.

 

Utilizó el mecanismo de la intervención federal (recurso constitucional por el cual el gobierno nacional se hace cargo total o parcialmente de los gobiernos provinciales en casos que así lo requieran)  a fin de asegurar en las provincias los triunfos de su partida.

 

Con el radicalismo estuvieron representados en el gobierno los nuevos sectores sociales, las clases medias, los hijos de los inmigrantes y también algunos miembros de la elite, quienes pretendían que el radicalismo no se apartara del orden económico y social tradicional, que incluía una privilegiada relación con Gran Bretaña.

 

Con la finalidad de mantener  y/o ampliar sus bases de apoyo electoral Yrigoyen recurrió al patronazgo es decir al uso del empleo público con fines “clientelísticos”.  Los principales beneficiarios de esta política fueron los sectores medios de Buenos Aires y de otras importantes ciudades del Litoral. Esta política generó expansión del empleo y en consecuencia del gasto público que le ocasionaron criticas aún dentro del propio radicalismo.

 

El radicalismo en el gobierno emprendió una política democratizadora que se manifestó en diferentes proyectos de ley, que en su mayoría fueron bloqueados o rechazados en el Congreso Nacional por la oposición conservadora.

 

Entre éstos se destacaron el de poner un proyecto de reparto de tierra para beneficiar la colonización agrícola-ganadera, que otorgaba facilidades crediticias a fin de permitir la compra de tierras a agricultores arrendatarios. Otros más medidas tendiente a mejorar la situación de los arrendamientos fue tratar de que los contratos tuvieron una extensión mínima de tres años y que los propietarios reembolsaron a sus inquilinos los gastos por cualquier mejora realizada por éstos en el terreno.

 

Aunque el gobierno no tuvo el propósito de realizar una reforma agraria que terminara con los grandes latifundios, la oposición consideró que las medidas que favorecían a los arrendatarios rurales atentaban contra la propiedad privada.

 

Además, en contraste con la ofensiva que había llevado a cabo el capital extranjero en el país durante el periodo de los gobiernos conservadores, Yrigoyen afirmó los principios del nacionalismo económico y la necesidad urgente de defender el patrimonio nacional. Este pensamiento lo llevó a preocuparse por la explotación de los yacimientos petrolíferos, a través  de un sistema que debía otorgarle al Estado el monopolio de su explotación y comercialización. Por otra parte tanto Yrigoyen con muchos hombres de su partido estaban convencidos de las necesidades de acrecentar la injerencia del Estado en la vida económica. La frustrada política de nacionalizaciones también incluyó  a  los ferrocarriles. En este caso, una serie de decretos estuvieron dirigidos a lograr el control de las tarifas, finalizar las concesiones con plazos vencidos y a que el Estado controlara las tarifas ferroviarias. También se proyectó la extensión de la red ferroviaria para unir las líneas del norte con el ferrocarril chileno, con el propósito de dar salida al Pacifico a la producción del norte y del noroeste.

 

Cuando Yrigoyen asumió la presidencia la guerra europea estaba en pleno desarrollo. Respeto del conflicto el gobierno radical mantuvo la neutralidad iniciada por Victorino de la Plaza, su antecesor. Es decir, sostuvo de no intervenir en apoyo de ninguno de los dos bloques enfrentados. Por una parte, esta decisión significada para el gobierno sostener la independencia política de la Argentina en relación con las grandes potencias. Por otra parte, permitía al país continuar con las exportaciones tradicionales hacia Europa, y sobre todo hacia Gran Bretaña.

 

 

 

PRESIDENCIA DE MARCELO T. DE ALVEAR (1922-1928)

 

El partido Radical triunfó en las elecciones nacionales de 1922 y Marcelo T. de Alvear fue el nuevo presidente. Las élites dirigentes habían visto en Yrigoyen a un representante de la “chusma”, como ellas llamaban a los sectores populares. En cambio, la llegada al Gobierno de un radical de familia prestigiosa como Alvear fue más aceptada por los conservadores.

 

Las características personales y el estilo político de Yrigoyen y Alvear fueron muy diferentes. Para el alvearismo, Yrigoyen tenía una forma de conducción “personalista” del partido y del gobierno. Según sus detractores, el caudillo radical había desarrollado un verdadero “culto” de su imagen personal. El hecho de conceder entrevistas diariamente a numerosas personas que se acercaban a plantearle sus necesidades, por ejemplo, era interpretado en este sentido. Yrigoyen andaba en este tipo de actitudes, con las que ganaba popularidad pero también enemigos. Le criticaban, además, el uso “abusivo” de la expansión del empleo público. Estas y otras diferencias produjeron dentro de la Unión Cívica Radical la división, en 1924, entre personalistas y antipersonalistas. En realidad, se evidenciaron, en la ruptura, dos estilos que respondían a diferencias de modos de conducción y hasta de origen social. El yrigoyenismo, con su inserción más popular y sus apellidos nuevos; el alvearismo, aristocrático, conservador, más vinculado con el pasado. La división del partido hizo más notoria la popularidad de Yrigoyen, que hacia 1927 estaba en condiciones de ser nuevamente candidato y regresar al gobierno.